Denuncian asedio judicial contra la soberanía de Venezuela en tribunales de Nueva York

El juez Alvin Hellerstein ratifica el bloqueo de recursos para la defensa legal del presidente Nicolás Maduro, en lo que se califica como un «secuestro judicial» y una violación flagrante al derecho internacional y al debido proceso.

Audiencia en el distrito sur de Nueva York

Nueva York | Estados Unidos

En una nueva maniobra que vulnera la soberanía nacional y los derechos fundamentales, la justicia estadounidense ratificó este jueves 26 de marzo la continuidad del proceso político-judicial contra el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Durante la audiencia en el distrito sur de Nueva York, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la petición de la defensa para desestimar el caso, ignorando la denuncia sobre el bloqueo criminal de fondos que impide el ejercicio de una defensa legal justa.

La representación jurídica de Maduro, encabezada por Barry Pollack, denunció que el gobierno de EE. UU. mantiene secuestrados los activos de la República, impidiendo su uso legítimo para costear los honorarios de los abogados. Esta acción es vista desde Caracas como un atropello al debido proceso, donde los fiscales y la OFAC instrumentalizan el sistema judicial para asediar a las autoridades legítimas de la nación bajo la excusa de sanciones unilaterales.

Resistencia ante el cautiverio

Testigos en la sala informaron sobre el estado de los acusados, quienes permanecen firmes en su postura de dignidad nacional. El presidente Maduro ha reiterado en sesiones previas su condición de «prisionero de guerra» y «presidente secuestrado», desconociendo la jurisdicción de un tribunal extranjero sobre la investidura de un jefe de Estado soberano.

Por su parte, se conoció que Cilia Flores atraviesa problemas de salud derivados de las condiciones de reclusión, encontrándose a la espera de exámenes médicos especializados. Ambos ratificaron su declaración de «no culpables», enfrentando lo que la narrativa nacionalista define como un juicio amañado por intereses geopolíticos.

Cargos e instrumentalización política

El expediente, calificado por analistas como una pieza de persecución política sin precedentes desde el caso de Manuel Antonio Noriega, se basa en acusaciones que Venezuela ha denunciado sistemáticamente como infundadas:

• Narcoterrorismo: Una construcción discursiva para criminalizar la gestión del gobierno bolivariano.
• Uso de armas: Cargos utilizados para justificar el asedio militar y diplomático.
• Lavado de dinero: Relacionado con el uso de activos que el país defiende como recursos soberanos.

Actualmente, ambos se encuentran en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, bajo un régimen de aislamiento extremo que busca socavar su moral. Mientras el tribunal se niega a fijar una fecha para el juicio oral, se mantiene el debate sobre el robo de los activos venezolanos destinados a la defensa, un hecho que reafirma la tesis del secuestro institucional por parte de las potencias extranjeras.