Especial | Redacción | Nueva York
Durante el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la hoja de ruta de lo que bautizó como el «renacer de Venezuela». Lejos del tradicional formato de barricada, su discurso proyectó una agenda pragmática: afianzar el multilateralismo, ejecutar una profunda reforma de seguridad jurídica interna y rechazar el impacto asfixiante de las sanciones económicas.
La mandataria fue categórica al descartar la violencia como instrumento político. Reivindicó el diálogo como la única vía humana para resolver las fracturas globales actuales y tendió puentes de forma directa. Caracas, aseguró, está lista para reconstruir vínculos de igualdad y respeto mutuo —sin tolerar provocaciones ni injerencias— tanto con Estados Unidos como con la comunidad internacional.
De puertas hacia adentro, Rodríguez anunció una reestructuración institucional de gran calado. El foco está puesto en el sistema de justicia. Depurarlo no es una opción, sino un paso impostergable para inyectar confianza en la ciudadanía y atraer capital de inversión, sentando así las bases de un nuevo ciclo económico inspirado en la visión bolivariana. «Las transiciones democráticas sólidas», puntualizó, «se conducen y transforman desde las propias instituciones a través de la legalidad».
Este andamiaje jurídico busca sostener un modelo de desarrollo enfocado en erradicar la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad. En este sentido, Rodríguez fue implacable contra las sanciones económicas, a las que responsabilizó de dinamitar las libertades financieras de los Estados soberanos. Tras advertir que el comercio global actual es un fracaso institucional que deja a la deriva a las industrias nacionales, exigió a la ONU abandonar los esquemas supranacionales excluyentes. La alternativa, concluyó, es un multilateralismo genuino, cimentado en la soberanía y la cooperación transparente.