Por: Abog. Carlos Aular Daza<\/p>\n\n\n\n
Hoy, 1 de junio, inicia en Venezuela una nueva consulta nacional para la reforma de la justicia penal.<\/p>\n\n\n\n
Un proceso que no puede quedarse en meros discursos ni en modificaciones superficiales de forma.<\/p>\n\n\n\n
La Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela es clara: nos define como un Estado democr\u00e1tico y social de Derecho y de Justicia, garantizando el debido proceso como un pilar fundamental.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, para quienes hemos tenido que lidiar con la realidad de las instituciones encargadas de administrarla, la decepci\u00f3n es profunda.<\/p>\n\n\n\n
En la pr\u00e1ctica, el sistema penal se ha alejado totalmente de la justicia, permeado por los extremos de la corrupci\u00f3n, desde los delitos de menor pena hasta los m\u00e1s graves, parece que \u00abtodos los actores tienen la mano metida en el caldo\u00bb, entorpeciendo la labor original del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Para entender el estancamiento actual, es necesario recordar conceptualmente de d\u00f3nde venimos.<\/p>\n\n\n\n
Venezuela dise\u00f1\u00f3 un sistema acusatorio con la promesa de desterrar el viejo sistema inquisitivo.
Las diferencias te\u00f3ricas son abismales:<\/p>\n\n\n\n
En el Sistema Inquisitivo (El pasado): Se caracterizaba por el secreto, la opacidad y la concentraci\u00f3n de poder. Una misma figura (el juez) investigaba, acusaba y juzgaba, dejando al imputado en una total indefensi\u00f3n y desprovisto de presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n\n\n\n
Mientras que en el Sistema Acusatorio (seg\u00fan el dise\u00f1o te\u00f3rico): Promet\u00eda la separaci\u00f3n de roles (el Ministerio P\u00fablico investiga y acusa, mientras los tribunales juzgan con imparcialidad); la contradicci\u00f3n y oralidad en juicios p\u00fablicos donde se debaten las pruebas directamente; y el blindaje de garant\u00edas fundamentales, especialmente la presunci\u00f3n de inocencia seg\u00fan el articulo 49 de la constituci\u00f3n nacional de la republica bolivariana de venezuela.<\/p>\n\n\n\n
Organizaciones sociales y la doctrina jur\u00eddica coinciden en que enfrentamos una alarmante opacidad y violaciones sistem\u00e1ticas al debido proceso.<\/p>\n\n\n\n
Hoy vemos un Ministerio P\u00fablico donde los fiscales carecen de criterio propio frente al delito, atados de manos por una centralizaci\u00f3n extrema de \u00abconsultas nacionales a las direcciones\u00bb dirigidas desde oficinas lejanas a la realidad del territorio. Por otra parte, la Defensa P\u00fablica muestra una sumisi\u00f3n retra\u00edda; se ha convertido en un obst\u00e1culo procesal que se limita a \u00abasistir\u00bb formalmente a las audiencias, olvidando su rol principal: defender con garras al d\u00e9bil jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, es alarmante la falta de criterio de algunos jueces, quienes parecen olvidar los criterios para decidir de acuerdo al Codigo Organico Procesal penal que establece que las pruebas deben valorarse mediante la sana cr\u00edtica, apoyada en tres pilares que hoy brillan por su ausencia en muchas sentencias: los principios de la l\u00f3gica, los conocimientos cient\u00edficos y las m\u00e1ximas de experiencia.<\/p>\n\n\n\n
Esta consulta que arranca hoy debe abordar de frente las distorsiones legislativas propias del estado. En los \u00faltimos a\u00f1os, la proliferaci\u00f3n de leyes \u00abespeciales\u00bb ha creado una peligrosa dualidad. Contienen delitos id\u00e9nticos o muy parecidos a los del C\u00f3digo Penal, abriendo una ventana para que el titular de la acci\u00f3n penal \u00abjuegue\u00bb con la calificaci\u00f3n fiscal seg\u00fan la conveniencia del caso. Es imperativo unificar la legislaci\u00f3n: debemos colectar en un solo C\u00f3digo Penal todos los delitos y materias especiales.
Por otro lado, la formaci\u00f3n de los operadores de justicia no puede ser un feudo cerrado. Las instituciones de educaci\u00f3n superior del sistema judicial deben ser democratizadas. Estudiar en la Escuela Nacional de la Magistratura o en la Escuela Nacional de Fiscales no puede ser un privilegio exclusivo de unos pocos o de algunos servidores p\u00fablicos; el acceso debe ser abierto para todos en garant\u00eda al derecho constitucional a la educaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el debate debe mirar de frente al monstruo del retardo procesal. En este punto, la propuesta del magistrado em\u00e9rito de la Sala Constitucional, Juan Jos\u00e9 Mendoza, resulta ser muy cercana a la realidad. El sistema de garant\u00edas nos ha llevado a la creaci\u00f3n de jurisdicciones muy especiales (Ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, violencia de g\u00e9nero, entre otras) que atienden realidades sociales complejas y conllevan una actividad judicial muy intensa. Por ende, crear una mayor cantidad de tribunales contribuir\u00e1 directamente a descongestionar la inmensa cantidad de causas que hoy duermen en los archivos, tanto en \u00e1reas penales ordinarias como en las garantistas.
Reflexi\u00f3n final
Aunque la reforma del COPP en 2021 signific\u00f3 un leve avance en ciertos aspectos procedimentales, Venezuela es un pa\u00eds con una din\u00e1mica jur\u00eddica sumamente acelerada que exige entrar, de una vez por todas, en una verdadera etapa evolutiva.<\/p>\n\n\n\n
Acompa\u00f1emos este proceso con nuestras cr\u00edticas constructivas, reflexiones y propuestas responsables.<\/p>\n\n\n\n
Exijamos un sistema de justicia real, justo, equitativo y verdaderamente apegado al esp\u00edritu de nuestra Constituci\u00f3n. No permitamos que la justicia siga siendo una quimera burocr\u00e1tica, recordando siempre las palabras de nuestro Libertador Sim\u00f3n Bol\u00edvar: \u00abLa justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad.\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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