Hacia una reforma real: La urgencia de refundar la justicia penal en Venezuela

Por: Abog. Carlos Aular Daza

Hoy, 1 de junio, inicia en Venezuela una nueva consulta nacional para la reforma de la justicia penal.

Un proceso que no puede quedarse en meros discursos ni en modificaciones superficiales de forma.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara: nos define como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, garantizando el debido proceso como un pilar fundamental.

Sin embargo, para quienes hemos tenido que lidiar con la realidad de las instituciones encargadas de administrarla, la decepción es profunda.

En la práctica, el sistema penal se ha alejado totalmente de la justicia, permeado por los extremos de la corrupción, desde los delitos de menor pena hasta los más graves, parece que «todos los actores tienen la mano metida en el caldo», entorpeciendo la labor original del Estado.

El papel vs. la realidad: Del sistema inquisitivo al acusatorio

Para entender el estancamiento actual, es necesario recordar conceptualmente de dónde venimos.

Venezuela diseñó un sistema acusatorio con la promesa de desterrar el viejo sistema inquisitivo.
Las diferencias teóricas son abismales:

En el Sistema Inquisitivo (El pasado): Se caracterizaba por el secreto, la opacidad y la concentración de poder. Una misma figura (el juez) investigaba, acusaba y juzgaba, dejando al imputado en una total indefensión y desprovisto de presunción de inocencia.

Mientras que en el Sistema Acusatorio (según el diseño teórico): Prometía la separación de roles (el Ministerio Público investiga y acusa, mientras los tribunales juzgan con imparcialidad); la contradicción y oralidad en juicios públicos donde se debaten las pruebas directamente; y el blindaje de garantías fundamentales, especialmente la presunción de inocencia según el articulo 49 de la constitución nacional de la republica bolivariana de venezuela.

La dura realidad: Este sistema acusatorio no está funcionando como debe ser.

Organizaciones sociales y la doctrina jurídica coinciden en que enfrentamos una alarmante opacidad y violaciones sistemáticas al debido proceso.

Hoy vemos un Ministerio Público donde los fiscales carecen de criterio propio frente al delito, atados de manos por una centralización extrema de «consultas nacionales a las direcciones» dirigidas desde oficinas lejanas a la realidad del territorio. Por otra parte, la Defensa Pública muestra una sumisión retraída; se ha convertido en un obstáculo procesal que se limita a «asistir» formalmente a las audiencias, olvidando su rol principal: defender con garras al débil jurídico.

Asimismo, es alarmante la falta de criterio de algunos jueces, quienes parecen olvidar los criterios para decidir de acuerdo al Codigo Organico Procesal penal que establece que las pruebas deben valorarse mediante la sana crítica, apoyada en tres pilares que hoy brillan por su ausencia en muchas sentencias: los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.

Propuestas clave para el debate: Codificación, democratización y descongestión

Esta consulta que arranca hoy debe abordar de frente las distorsiones legislativas propias del estado. En los últimos años, la proliferación de leyes «especiales» ha creado una peligrosa dualidad. Contienen delitos idénticos o muy parecidos a los del Código Penal, abriendo una ventana para que el titular de la acción penal «juegue» con la calificación fiscal según la conveniencia del caso. Es imperativo unificar la legislación: debemos colectar en un solo Código Penal todos los delitos y materias especiales.
Por otro lado, la formación de los operadores de justicia no puede ser un feudo cerrado. Las instituciones de educación superior del sistema judicial deben ser democratizadas. Estudiar en la Escuela Nacional de la Magistratura o en la Escuela Nacional de Fiscales no puede ser un privilegio exclusivo de unos pocos o de algunos servidores públicos; el acceso debe ser abierto para todos en garantía al derecho constitucional a la educación.

Finalmente, el debate debe mirar de frente al monstruo del retardo procesal. En este punto, la propuesta del magistrado emérito de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, resulta ser muy cercana a la realidad. El sistema de garantías nos ha llevado a la creación de jurisdicciones muy especiales (Niños, niñas y adolescentes, violencia de género, entre otras) que atienden realidades sociales complejas y conllevan una actividad judicial muy intensa. Por ende, crear una mayor cantidad de tribunales contribuirá directamente a descongestionar la inmensa cantidad de causas que hoy duermen en los archivos, tanto en áreas penales ordinarias como en las garantistas.
Reflexión final
Aunque la reforma del COPP en 2021 significó un leve avance en ciertos aspectos procedimentales, Venezuela es un país con una dinámica jurídica sumamente acelerada que exige entrar, de una vez por todas, en una verdadera etapa evolutiva.

Acompañemos este proceso con nuestras críticas constructivas, reflexiones y propuestas responsables.

Exijamos un sistema de justicia real, justo, equitativo y verdaderamente apegado al espíritu de nuestra Constitución. No permitamos que la justicia siga siendo una quimera burocrática, recordando siempre las palabras de nuestro Libertador Simón Bolívar: «La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad.»